Recta final: empresarios aceleran definición de estructura de aportes económicos para COP25
Normativa que regula el evento señala de forma expresa que los aportes de privados a la cumbre estarán exentos de todo impuesto.
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Trabajando a un ritmo acelerado se encuentran al interior de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), para definir la estructura a través de la cual el mundo empresarial hará llegar sus aportes a la cumbre sobre el cambio climático COP25, que se realizará en Chile entre el 2 y 13 de diciembre.
Y es que si bien la cuenta regresiva para el evento ya comenzó, al interior de los gremios aún no existe claridad respecto al mecanismo a través del cual entregarán sus aportes económicos para la realización.
Según el equipo organizador, la COP25 implica un gasto de US$ 90 millones y para costearla se estarían contemplando tres alternativas: un aporte del sector público de US$ 35 millones -que ya se realizó-, y el resto entre aportes del sector privado y países e instituciones internacionales involucradas.
Recientemente el gerente general de la cumbre, Cristián Varela, informó que ya se han anunciado aportes privados en torno a los US$ 10 millones. Sin embargo, cercanos a la organización del evento aseguran que el Gobierno espera que el mundo empresarial aporte cerca de US$ 30 millones.
Los gremios aún estarían evaluando el mecanismo legal para realizar los aportes. En el caso particular de Sofofa, por ejemplo, se estaría estudiando la posibilidad de realizar las donaciones a través de un aporte colectivo ciego, para así no saber cuánto aportaron exactamente los socios del gremio de forma individual, lo cual debe ser validado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Representantes del gremio se reunieron el viernes para definir este tema, pero no quedó zanjado y continúa en estudio.
Además, si bien el titular de la CPC, Alfonso Swett, planteó en un inicio la posibilidad de un fideicomiso ciego, hasta ahora se está canalizando todo a través de Fundación Imagen de Chile, entidad a cargo de recibir las transferencias del sector público, donaciones de privados y otros aportes al evento.
Algo en lo que sí hay claridad, y cercanos al grupo organizador buscan recalcarlo, es que la Ley 21.157 de la COP25 señala de forma expresa que las donaciones que se hagan al evento estarán liberadas del trámite de insinuación y exentas de todo impuesto.
“Cualquier institución, entidad o persona que efectúe donaciones en dinero, bienes y/o servicios a la Fundación señalada en el artículo 1 de la presente ley, podrá rebajar dichas donaciones como gasto para los efectos de la determinación de la renta líquida imponible conforme a lo dispuesto en la Ley sobre Impuesto a la Renta, siempre que la donación se encuentre relacionada con la organización y ejecución de la Conferencia de las Partes de la COP25”, dice la norma.
Para hacer efectivo esto, la ley explica que las donaciones se deben acreditar con un certificado que deberá emitir la Fundación Imagen de Chile, en la forma que determine el Servicio de Impuestos Internos.
El lunes 17 de junio se reunirá el Consejo Asesor de la COP25, y se espera que a esa reunión los actores lleguen con más claridad respecto a los pasos a seguir.
Dicha instancia está formada por Ricardo Lagos, Eduardo Frei, Guido Girardi, Karla Rubilar, Pablo Badenier, Mónica Zalaquett, Maisa Rojas, Alfonso Swett, Jonathan Hertzfeld, Leonardo Maldonado, Andrea Rudnick, Alejandro Ruiz, David Sandoval, Sebastián Torrealba, entre otros.